Las medidas concretas se instrumentarán mediante un convenio entre el SEPE y la Comunidad Autónoma de Extremadura. Permitirá adoptar medidas para impulsar un empleo estable y de calidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, autorizar la concesión de una subvención de 15.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo (PIE) de Extremadura tal y como recoge la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
El desempleo en Extremadura resultó muy afectado por el impacto de la pandemia COVID 19. Los fondos ahora aportados por el Estado se destinarán a la adopción de medidas encaminadas a reforzar las políticas de empleo de la comunidad autónoma, mediante el desarrollo de un Plan de Empleo, poniendo el foco fundamentalmente en los colectivos de desempleados especialmente vulnerables.
Además, teniendo en cuenta las propuestas trasladadas por los agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma, las Políticas Activas de Empleo se centrarán fundamentalmente en la recuperación del tejido productivo.
Las medidas concretas y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse durante 2023, se instrumentarán mediante un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Objetivos del PIE de Extremadura
Tal y como prescribe la Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial 2020-2025 de Extremadura, la dotación económica aprobada hoy permitirá adoptar medidas para impulsar un empleo estable y de calidad apostando por sectores estratégicos como la agroindustria, las energías renovables, el turismo, la logística y el comercio, y fomentar el emprendimiento y autoempleo. También establecer medidas eficaces que contribuyan a la conciliación laboral y familiar y reforzar los proyectos de economía social; prestar atención especial a actuaciones centradas en la atención a los parados de larga duración, a los jóvenes y a las mujeres; mejorar la calidad de los contratos laborales, propiciando la mejora en la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras; promover la innovación y la digitalización de las empresas y consolidar el Diálogo Social como eje central del diseño, planificación y ejecución de las Políticas de Empleo.
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